¿QUÉ ES UNA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR?

La ILP es una herramienta que tiene la ciudanía para proponer al órgano legislativo (Parlamento o Asamblea de la Comunidad) un texto de Ley. La iniciativa será considerada por los políticos siempre y cuando aborde asuntos de su competencia y se acompañe de un número mínimo de firmas. Cumplidos estos dos requisitos, el Parlamento o Asamblea, decide por mayoría si se admite a trámite o no. Este mecanismo de democracia semidirecta, amparado en la Constitución, también se conoce como iniciativa popular (IP) o iniciativa ciudadana.

 
LEY URGENTE DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MADRID

La ILP urgente del Derecho a la Vivienda en la Comunidad de Madrid es la propuesta ciudadana para crear, desde cero, una regulación justa del Derecho a la Vivienda. Esta materia es competencia de la Comunidad de Madrid y hemos recabado 73.776 firmas que avalan la propuesta. Miles de personas han participado en el proyecto. La ILP de Vivienda desarrolla el artículo 47 de la Constitución y contiene un nuevo catálogo de derechos que ponga freno a los abusos y a la pobreza energética.

Conocer más sobre el proceso de la ILp de Madrid
 
¿QUÉ QUEREMOS?

Una ley urgente del DERECHO A LA VIVIENDA en la Comunidad de Madrid.

El artículo 47 de la Constitución establece el derecho a una Vivienda Digna, pero no existe ninguna Ley que lo desarrolle para hacerlo efectivo. El primero objetivo es que en la Comunidad de Madrid se respete la Constitución. Ni más, ni menos.

Una Comunidad habitable: las personas van primero

La Ley establece un Derecho de acceso a la vivienda pública de todas las personas residentes en la Comunidad de Madrid.

  • Prioriza el acceso de las más vulnerables y restablece un sistema de alquiler proporcional a tus ingresos que incluye el gasto de agua y de energía.
  • Una política clara de acceso de emergencia a las personas en situación de desamparo. Con garantías de un techo digno frente a los desalojos forzosos.
  • Los solicitantes de vivienda pública podrán participar en todas las fases del proceso, decidiendo qué criterios desean seguir para la adjudicación de vivienda.
  • Tú decides cómo y con quién quieres vivir, con asistencia y no censura de la Agencia de Vivienda Social.

Movilizar la vivienda desocupada

  • Sancionando a Grandes Tenedores (principalmente entidades financieras y empresarios inmobiliarios) con multas e incluso la cesión forzosa por el uso antisocial que den a la vivienda vacía o desatendida.
  • Exigiendo de bancos e inmobiliarias una oferta de alquiler social en caso de desahucio a personas vulnerables.
    Impidiendo cláusulas abusivas en los contratos de alquiler.

Proteger a la parte más vulnerable

  • Con una Agencia de protección al consumidor en materia de vivienda, con participación de la sociedad civil, que registre, persiga y sancione prácticas abusivas. Basta de engaños y estafas.
  • Garantizando que todas las personas que residen en la Comunidad de Madrid disfruten de suministros básicos necesarios para una vida digna.
 
LA LEY EN RESUMEN

Los objetivos de esta Ley son:

  • Garantizar la eficacia del derecho a una vivienda digna del artículo 47 de la Constitución;
  • Paralizar los desalojos forzosos sin alternativa habitacional;
  • Eliminar las barreras burocráticas en el acceso a la vivienda pública;
  • Dotar de claridad en los procesos de solicitud y adjudicación de vivienda pública;
  • Priorizar el modelo de alquiler sobre vivienda pública mediante una renta proporcional a los ingresos y los gastos;
  • Diseñar métodos para fomentar la participación ciudadana, el control y la transparencia en las instituciones que regulan el parque de vivienda;
  • Permitir a vecinas inquilinas la participación directa en las decisiones que atañen a su bloque de viviendas;
  • Asegurar un parque público de vivienda suficiente que se nutra de la vivienda ya construida en la Comunidad;
  • Proponer medidas para prevención del uso antisocial de las viviendas;
  • Proteger a quienes se ven afectados por la pobreza energética;
  • Amparar al consumidor en materia de vivienda para evitar conductas abusivas.

 

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PARTICIPANTES

Los Promotores de la Iniciativa Legislativa Popular de Madrid son tres:

Coordinadora de Vivienda de la Comunidad de Madrid

La Coordinadora de Vivienda de Madrid. La Coordinadora agrupa a las comisiones de vivienda de las Asambleas 15M, a las Plataformas de Afectadas por la Hipoteca (PAH) y Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) y la Obra Social PAH Madrid. Su objetivo es garantizar una vivienda digna para todas y todos, sean inquilinos, hipotecados o precarios. Para ello utiliza la acción directa, la solidaridad, la inteligencia colectiva y el apoyo mutuo.

Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA)

 La Asociación Libre de Abogadas y Abogados fue constituida en 1989 en Madrid. Todos los abogados y abogadas asociados ejercen en la Comunidad de Madrid. La Asociación Libre de Abogados es totalmente independiente. Entre sus fines estatutarios se encuentran los de velar por los intereses de los Abogados en ejercicio, potenciando su figura como garantes del derecho de defensa de los ciudadanos. También velar por la defensa, el fomento de los Derechos y Libertades, y promover la reforma de la Administración de Justicia. La finalidad es alcanzar la democratización y modernización de la Justicia.

Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM)

FRAVM  Detrás de estas siglas se esconden más de treinta años de historia, fomentando la defensa de los intereses de los vecinos. La FRAVM promueve el asociacionismo y la democracia participativa. En consecuencia, su finalidad es potenciar el bienestar social, la calidad de vida urbana y un modelo de ciudad sostenible. Para ello difunde los valores de la igualdad en todos los ámbitos (educativos, culturales, sanitarios, de desarrollo etc.). También asiste las amplias necesidades asociaciones de vecinos y vecinas, manteniendo relaciones con la Administración, siempre y cuando sea beneficioso para los intereses de los vecinos, consumidores y usuarios.

Las Colaboradoras de la Iniciativa Legislativa Popular de Madrid han sido muchas:

Numerosas asociaciones y colectivos participan de esta propuesta, actuando como colaboradoras logísticas, estratégicas o económicas. Los requisitos son no pertenecer a ningún partido político y tener una firme trayectoria en la defensa de los derechos humanos, políticos y sociales.

Listado completo de colaboradores
 
¿CÓMO SEGUIMOS?

La ILP ya está presentada con todos los requisitos que exige la legislación, sin embargo, la Asamblea de Madrid puede votar en contra de su tramitación y el trabajo de miles de personas quedará bloqueado por el poder político. Esta campaña nace para que, entre todas, convenzamos a los representantes de las bondades de esta Ley y el coste político de la desidia. Queremos que se admita, se debata y que las propuestas de los políticos sean para mejorarla.

¿A QUIÉN PROTEGE ESTA LEY?
A todas las personas residentes en la Comunidad de Madrid. La Ley garantiza el Derecho a Vivienda Digna en alquiler para todas, con prioridad de los más vulnerables.

 

La demanda es muy alta y el objetivo es ampliar el parque público de vivienda movilizando la vivienda desocupada.

Una amplia oferta pública hará que los alquileres privados se regulen de manera natural a la baja.

¿CÓMO SE MOVILIZA LA VIVIENDA DESOCUPADA?
  • Suscribiendo convenios con las entidades titulares de gran número de vivienda vacía.
  • Supervisando el uso social de la vivienda madrileña. Basta de impagos de cuotas de Comunidad y de inmuebles vacíos en constante deterioro.
  • Dificultando el desalojo de personas cuando no existe una alternativa habitacional sobre la mesa propuesta por el Gran Tenedor
USOS ILÍCITOS Y ANTISOCIALES DE LA PROPIEDAD
Sólo un Gran Tenedor de vivienda puede cometer un uso antisocial. ¿Por qué? Porque sólo un Gran Tenedor puede tomar decisiones (o hacer dejaciones) que afectan a un gran número de personas en un territorio. El artículo 33 de la Constitución nos recuerda la función social de la propiedad. ¿Cuáles son los usos que se enfrentan a esa función social?

Definición de USOS ANTISOCIALES:

  • Un Gran Tenedor que mantiene vivienda vacía durante más de seis meses;
  • Un Gran Tenedor que omite proponer una oferta vinculante de alquiler en casos de desalojo;
  • Un Gran Tenedor que incumple los deberes de conservación de la vivienda;
  • Un Gran Tenedor que incumple los deberes de pago de la Comunidad;
  • Un Gran Tenedor que incumple el deber de inscripción registral de la titularidad para ocultar que es el titularVivienda vacía durante más de seis meses;

Tipos de SANCIONES:

Sanciones económicas de hasta 600.000 € y complementarias como la prohibición de uso de vivienda vacía por plazo determinado. Una ver acordada la medida, ésta se incorpora al Parque de Vivienda durante el tiempo que dure la sanción. Lo recaudado se integrará al presupuesto de la Agencia de la Vivienda Social.
¿QUÉ ES UN GRAN TENEDOR?
Son aquellas empresas, empresarios o patrimonios que pueden tomar decisiones sobre las viviendas de la Comunidad de Madrid que nos afectan como sociedad. ¿Y quiénes son en concreto?

 

  • Entidades financieras, las filiales inmobiliarias de estas entidades, los fondos de inversión y las entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria;
  • Empresas que, por sí solas o mediante un grupo de empresas, sean titulares de una superficie habitable de más de 300 m2, distribuidos en, al menos, 3 viviendas;
  • Empresarios o patrimonios que sean titulares de una superficie habitable de más de 500 m2 distribuidas en, al menos, 5 viviendas.
¿ HAY MANERAS DE PREVENIR Y COLABORAR?
La ILP establece mecanismos de colaboración entre la Agencia de Vivienda Social y los Grandes Tenedores de vivienda incapaces de gestionar tanto número de inmuebles. El único requisito irrenunciable es que se respete un sistema análogo al del parque público de vivienda (régimen de alquiler, renta proporcional, etc.)
¿ QUÉ ES EL DERECHO DE USO?
El derecho de uso se caracteriza por utilizar el volumen de ingresos y gastos fijos de los inquilinos para determinar el rango de renta que deben pagar por el uso de la vivienda. Además, garantiza unos niveles de acondicionamiento tanto de la vivienda como de los servicios a los que se tiene acceso, dependiendo del número, edad y necesidades de los cohabitantes.
HAY RECURSOS SUFICIENTES PARA HACERLO

En ocasiones se ha dicho que legislar el derecho a una vivienda digna supone un coste inasumible para el conjunto de la sociedad. No es cierto. El gasto social en vivienda existe, pero se distribuye de forma poco equitativa. Subvenciones, sorteos, adjudicaciones poco transparentes o la venta a fondos buitre han dejado exhausto el Parque de Vivienda. La actual política de vivienda implica enormes costes económicos, sociales y medioambientales. Hay que cambiarla.

La ILP no implicará pagar más impuestos. Su financiación no dependerá de que el conjunto de la ciudadanía pague más, sino del reequilibrio de los recursos que ya existen.

LO QUE ES PÚBLICO, PÚBLICO SE QUEDA

Es obligación de los poderes públicos garantizar el acceso a una Vivienda Digna y atender las necesidades de la población según sus necesidades y capacidades. Hasta ahora, la Comunidad de Madrid y Ayuntamientos podían vender la vivienda pública construida a empresas y particulares del sector privado. La consecuencia evidente es que los poderes públicos pierden así la capacidad de atender las necesidades de quien lo necesita en el momento en que lo necesita.

Impedir la venta del patrimonio público impide la especulación y la corrupción en un solo movimiento.

EL DERECHO DE USO ES POSIBLE

El derecho de uso es una fórmula que permite adecuar la relación de la ciudadanía con la Agencia de Vivienda Social a las particularidades de cada momento. Una aportación proporcional a gastos e ingresos, que se actualiza al alza o a la baja cada mínimo dos años, en función de las necesidades de nuestras vecinas. Así evitamos el habitual desapego de las instituciones a la vida de las personas. Además es un modelo probado en otros países europeos.

DEUDA SOCIAL DEL GRAN TENEDOR

Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Los Grandes Tenedores de vivienda acumulan un gran número de viviendas, por lo general en desuso y deterioro, bajo su dominio. Ese control sobre la demografía de las ciudades debe ser supervisado por nuestras instituciones puesto que el uso antisocial de tantas viviendas a la vez puede tener efectos irreparables en un gran número de personas. Este poder sebe ser contrarrestado con mayor responsabilidad.

Por otro lado, las entidades financieras han sido rescatadas con un dinero público que nunca recuperaremos. Sin embargo, siguen siendo titulares de las casa desahuciadas. Esa DEUDA SOCIAL DE LOS BANCOS puede ser restituida a la ciudadanía bajo otras fórmulas. Por ejemplo, mediante la cesión de viviendas a la Agencia de Vivienda Social.

EFECTO POSITIVO EN EL ALQUILER PRIVADO

Dotar a la Comunidad de Madrid de un Parque de Vivienda pública amplio y con un sistema transparente de acceso, ayudará a regular el mercado de alquileres privado. La experiencia de otros países europeos nos enseña que cuantas más opciones tiene una persona a la hora de acceder a una vivienda, mayor es la competencia entre los distintos oferentes. Es decir, cuanto más grande sea el parque público más barato será el privado.

LAS VIVIENDAS YA ESTÁN, PERO NO SE USAN

Es importante saber que hay un enorme parque de viviendas inmovilizado y vacío en nuestra Comunidad. Y que un alto porcentaje de él lo pagamos todos por medio del rescate bancario. Sabemos también que buena parte del coste de ese rescate no se va a devolver. No elegimos hacerlo cuando se hizo, pero, una vez hecho, ese pago puede producirse en los términos que delimita esta ley: haciendo un uso social de esas viviendas desocupadas o vacías que, de hecho, pagamos entre toda la ciudadanía.

SIN LEY DE VIVIENDA NO HAY DERECHO

¿Y si no se aprueba una ley de vivienda urgente? Es un error pensar que todo seguiría como hasta ahora. Lo cierto es que la situación empeorará para un enorme sector de nuestra sociedad.

La llamada “recuperación económica” está vinculada al mantenimiento del negocio inmobiliario que concentra la propiedad de bienes de primera necesidad en manos de unos pocos y obligan al conjunto de la población a entregar la mayor parte de sus recursos para acceder a una casa. Seguro que ya has oído hablar de la segunda burbuja que está por llegar.

Sin esta ley, ese sistema se consolidará, profundizando y perpetuando la brecha de desigualdad en nuestra Comunidad.

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